Gilead gana 69 millones de dólares y una orden de prohibición contra falsificadores del VIH
Una jueza federal de Nueva York adoptó las conclusiones de un magistrado contra ocho personas y 18 empresas pantalla que rellenaron botellas auténticas de Biktarvy con otros medicamentos y las revendieron bajo las marcas de Gilead
Por Mattia Sapere
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Gilead Sciences ha obtenido más de 69 millones de dólares en daños y una orden de prohibición permanente contra una red que rellenaba botellas auténticas de medicamentos contra el VIH con otros fármacos y las vendía a farmacias de toda la ciudad de Nueva York bajo sus marcas. La jueza federal de distrito Natasha Merle, del Distrito Este de Nueva York, adoptó las conclusiones de un juez magistrado en una sentencia en rebeldía contra ocho personas y 18 empresas pantalla. Es el segundo caso civil que la empresa presenta por versiones falsificadas de Biktarvy y Descovy, y es un caso de propiedad intelectual antes que un caso de medicamentos: la reclamación se apoya en las etiquetas, los precintos y la marca.
Una sentencia en rebeldía contra 26 demandados que nunca respondieron
La orden la dictó la jueza federal de distrito Natasha Merle. Adoptó un informe y recomendación presentado el 28 de octubre por el juez magistrado federal Joseph Marutollo, que concedió la moción de Gilead de sentencia en rebeldía contra ocho personas y 18 empresas pantalla. Ninguno de los demandados impugnó las pretensiones, por lo que el magistrado dio por ciertas las alegaciones de la demanda. Las empresas demandadas eran todas distribuidoras farmacéuticas registradas como sociedades neoyorquinas, lo que otorgó al tribunal jurisdicción general sobre ellas; se consideró que las personas físicas quedaban a su alcance por los negocios realizados en Nueva York. La condena supera los 69 millones de dólares y la orden prohíbe a los demandados en rebeldía vender medicamentos con marca Gilead. Es el segundo caso que Gilead presenta contra una gran red que revendía tratamientos contra el VIH a farmacias del área de Nueva York, según informó en primer lugar IPWatchdog.
«El sistema de patentes se diseñó para incentivar la innovación genuina. Ahora mismo no solo incentiva la innovación: incentiva la manipulación.»
— Merith Basey, directora ejecutiva de Patients for Affordable Drugs Now, en la audiencia del Comité Judicial del Senado
Botellas compradas en la calle, vaciadas, precintadas de nuevo y con pedigrí falso
En la demanda presentada en junio de 2024, Gilead describió un entramado de suministro basado en envases de segunda mano. Los conspiradores se hacían con botellas auténticas de Biktarvy y Descovy, normalmente comprándolas en la calle a pacientes a los que se podía convencer de entregar su medicación a cambio de dinero. Las botellas se vaciaban, se rellenaban con otros medicamentos, se les quitaba la información del paciente y se cerraban de nuevo con versiones falsas del precinto de seguridad de Gilead. Después se vendían a farmacias con pedigrís falsificados, los documentos destinados a trazar la cadena de venta de un medicamento.
Foto: Giorgio Trovato / Unsplash
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Según las alegaciones, en la cúpula de la red estaban Boris Aminov y Antonio Payano, ambos residentes en la ciudad de Nueva York. Aminov actuaba como socio principal no declarado de varias de las distribuidoras pantalla, señaló el magistrado, mientras otros conspiradores firmaban como testaferros nominales. Ambos hombres ya se habían declarado culpables de conspiración para cometer fraude sanitario en un caso separado del Departamento de Justicia en el Distrito Sur de Nueva York. Otra demandada, la madre de Aminov, supuestamente dirigía farmacias minoristas que captaban pacientes para surtir recetas de VIH a la red.
Por qué la Ley Lanham amparaba una botella con las pastillas equivocadas
Aquí no había ninguna patente en litigio. Gilead demandó al amparo de la Ley Lanham, la norma federal estadounidense sobre marcas, invocando el 15 U.S.C. § 1114(1). El juez magistrado Marutollo consideró que la empresa había alegado sus dos causas de pedir: el uso no autorizado de una marca registrada y el uso no autorizado de una marca aplicada al etiquetado del producto.
Las pruebas iban más allá de los documentos de venta falsos. Las botellas falsas contenían las pastillas equivocadas, las hojas de información al paciente se reproducían de forma fraudulenta y los precintos réplica hacían que el envase pareciera sin abrir. En los casos de falsificación, escribió el magistrado, el test Polaroid sobre la probabilidad de confusión del consumidor no necesita aplicarse factor por factor, porque la venta de productos de marca falsificados ya está acreditada. La orden adoptó su conclusión de que la responsabilidad era indiscutible con estos hechos.
Beneficios por botella, triplicados por dolo
El perito de daños de Gilead estimó el beneficio que la empresa habría obtenido con cada botella falsificada, usando cifras conservadoras de ventas unitarias extraídas de las ventas a través de mercados online entre farmacias y de productos sujetos a reembolsos de Medicaid. El magistrado recomendó declarar a Aminov y Payano solidariamente responsables de los beneficios perdidos, y a Ivan Ohar solidariamente responsable de los beneficios obtenidos mediante las empresas pantalla que gestionaba. La orden de la jueza Merle adoptó también la conclusión de que los daños debían triplicarse porque la conducta fue dolosa, y el magistrado señaló que las sanciones civiles seguían disponibles aunque a varios demandados se les había ordenado pagar restitución en los procesos penales paralelos.
El expediente recoge además a dónde fue parte del dinero: un demandado usó los ingresos para comprar dos propiedades frente al agua en el Bronx y un Mercedes-Benz Maybach, que se vende al público por unos 200.000 dólares. Peter Khaim, propietario de locales comerciales usados por las empresas de Ohar, no figuraba entre los demandados en rebeldía.
La misma semana, los senadores debatieron sobre la maraña de patentes
La falsificación no fue el único debate de propiedad intelectual en Washington. El pleno del Comité Judicial del Senado celebró una audiencia titulada «Prescribing Sunshine: How Competition & Transparency Lowers Prescription Drug Costs», con cinco testigos y ninguna compañía farmacéutica ni titular de patentes entre ellos.
Merith Basey, directora ejecutiva de Patients for Affordable Drugs Now, instó a los senadores a aprobar un paquete de proyectos de ley en conjunto y no uno a uno. La lista incluye la Affordable Prescriptions for Patients Act (S.1041), impulsada por el senador John Cornyn, dirigida contra la llamada acumulación de patentes (patent thicketing), y la ETHIC Act (S.2276), del senador Peter Welch, que limitaría a un titular de patentes a invocar una sola patente del mismo grupo de patentes en una acción por infracción. La acumulación de patentes es un término discutido para designar múltiples patentes que cubren un mismo fármaco, lo que según los críticos retrasa la entrada de genéricos y biosimilares; el Council for Innovation Promotion ha calificado esa versión de engañosa. El senador John Kennedy, de Luisiana, defendió la otra cara del argumento de la inversión y dijo al comité que las empresas que arriesgan capital en el desarrollo de fármacos tienen derecho a recuperar los costes y a una rentabilidad justa.
Artículo con asistencia de IA
Traducido automáticamente del original en inglés. Leer el original



